Mañana miércoles, a las 23.30, debate sobre la vivienda en Canal Sur, en el programita "mejor lo hablamos". Intervienen entre otros, Gonzalo Melián, que defiende que la solución al precio de la vivienda es liberalizar todo: no poner límites a la duración mínima de los alquileres, que desaparezca todo el suelo protegido, que el Estado deje de hacer VPO y que no se limite la altura o la edificabilidad del suelo. Así, dice, los ciudadanos podrán edificar ellos mismos sus ciudades.
Y por si los ciudadanos no pueden, allí vienen los constructores. y al frente de ellos, también en el debate, Manuel Sillero, presidente de GAESCO, la patronal constructora, que se queja de que con tanta intervención y tanta VPO a los pobres constructores "no les salen las cuentas".
Y por si los ciudadanos no pueden, allí vienen los constructores. y al frente de ellos, también en el debate, Manuel Sillero, presidente de GAESCO, la patronal constructora, que se queja de que con tanta intervención y tanta VPO a los pobres constructores "no les salen las cuentas".
Los pollos estos afirman que el precio de la vivienda es consecuencia de la intervención de los poderes públicos en el mercado del suelo y apuntan como "única solución" para frenar el encarecimiento acometer una liberalización total de los terrenos. Se olvidan de que la ley del suelo del 98, elaborada por el Partido Popular no sirvió para abaratar el precio de la vivienda y mejorar la competitividad de las empresas, como pretendía la norma en su exposición de motivos, sino que alimentó la especulación. Se liberalizó el suelo para tratar de abaratar los precios, pero el aumento de la oferta no llevó aparejada esa rebaja; desde 1998 la vivienda se ha encarecido el 150 por ciento y el suelo, el 500 por cien. Asimismo la ley del 98 creó un grave problema paisajístico y medioambiental, al promover una urbanización desmedida; un problema social, al dificultar el acceso a una vivienda cada vez más cara; y un problema económico, al fomentar un crecimiento económico basado en el tirón del sector de la construcción e inmobiliario. Luego, esta no es la solución.
Por su parte, los socialistas, que son los principales críticos de esta legislación liberalizadora, tampoco parece que acierten mucho. La nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, aunque introduce mejoras (como la reserva del 30% del suelo para viviendas "genéricamente" sociales) no aborda el problema de fondo pues no permite la suspensión de los planes urbanísticos municipales cuando los impugnen las comunidades autónomas, ni persigue la inmensa bolsa de viviendas vacias (15% del total, en 2001, y creciendo) ni, en definitiva, se atreven a perseguir debidamente los excesos del sector.
En Andalucía, sin ir más lejos, en noviembre de 2006 se aprobó una ley de vivienda que el propio PSOE, ante las presiones de las constructoras, tuvo que modificar ¡un mes después! para liberalizar el sector un poco más.
En definitiva, un curioso debatito en el que habría que poner en evidencia la relación entre especulación, precio del suelo, imposibilidad de acceso a la vivienda y represión de la okupación... todo lo cual tiene mucho que ver con la tendencia legislativa a reducir el uso colectivo y social de los espacios públicos en general.
Sólo un dato: las seis principales constructoras españolas obtuvieron en el primer trimestre de 2007 un beneficio neto de 1322 millones de euros.
